El caso del ex presidente Avaro Uribe Velez, ha sido motivo de noticia diaria y le ha quitado protagonismo a la pandemia del coronavirus, la situación en los altos poderes políticos se ha convertido en un choque inmenso que de una manera u otra afecta a los Colombianos ya que por denuncias y defensa se hieren susceptibilidades y se tocan intereses de todos. Esta es la información entregada por el diario el País de la ciudad de Cali.
Ahora al gran trauma creado, llega otro actor a protagonizar la historia, el Magistrado César Augusto Reyes, quien investigó a Álvaro Uribe en la CSJ y entra la gran polémica que se desata en Colombia después de que el ex presidente Álvaro Uribe quien en un trino confirma que el magistrado César Augusto Reyes, que hizo parte del proceso contra el líder del Centro Democrático como ponente, firmó un contrato con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.Dicho contrato se firmó en julio de ese año entre el Gobierno y la empresa de la que Reyes, que aún no era magistrado, era socio y subgerente, Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda. La contratación se hizo a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz y fue por más de 500 millones ($575.674.360) por cuatro meses.
La función de la firma de la que el hoy magistrado era socio era establecer la situación jurídica y el estado de salud de integrantes de Farc quienes figuraban como presos. Por esos días se daban los últimos pasos previos a la firma del acuerdo final de paz entre el estado y la entonces guerrilla.
El conocimiento de ese contrato dio paso a una polémica en que los afines al ex magistrado dicen que se confirma el sesgo político de Reyes contra Uribe, y se apunta a que debió declararse impedido para investigar al ex senador.
En la mañana de este jueves, el partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que afirma que este hecho “es una muestra de las denuncias hechas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia”.
“Este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte”, agregó el partido del uribismo.
Cabe recordar que el expediente de Uribe ya fue enviado a la Fiscalía, pues con su renuncia al Senado la Corte Suprema ya no tiene la función de investigarlo.
La defensa de quien fuera presidente entre 2002 y 2010 solicitó su libertad inmediata, pues considera que la medida de aseguramiento impuesto por la CSJ no tiene validez.
Dicho contrato se firmó en julio de ese año entre el Gobierno y la empresa de la que Reyes, que aún no era magistrado, era socio y subgerente, Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda. La contratación se hizo a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz y fue por más de 500 millones ($575.674.360) por cuatro meses
