“Hoy hemos tomado esta columna de Armando Saavedra Perdomo, columnista del Diario del Huila, por considerar que se hace una demanda importante para el agro en Colombia y una crítica justa a los gobiernos que ha tenido Colombia, sobre todo el legislativo, donde creemos que “de buena fe” se han creado normas en bien del desarrollo del país, pero, que algunos poderes han abusado de esta buena fe y se han aprovechado para mantener leyes inconcebibles; lo grave, que se mantienen las entregadas a poderes económicos fuertes y luego esta legislatura se vuelve permanente”.
Redacción Diario del Huila Armando Saavedra Perdomo
En Colombia no hay nada más permanente que una norma temporal. Eso lo demuestra el cobro del 4 x mil creado mediante el decreto 2331 de 1998, expedido en el marco de la emergencia económica invocada por el gobierno central, para “preservar la estabilidad y la solvencia del sistema bancario, además de proteger a sus usuarios”, medida temporal de un año que ya cumplió 22 de implementado.Aprovechando la cuarentena y el estado de emergencia por Covid 19, el Gobierno Nacional expidió el decreto “temporal” 523 del 7 de abril de 2020, con una duración de 3 meses, y la posibilidad de ampliarlo por 3 meses más, con el cual suspende el pago de aranceles para productos agrícolas importados de Estados Unidos como maíz, sorgo, soya y torta de soya.
La preocupación que me asalta es, ¿cuáles fueron los estudios o análisis que el gobierno realizó para la expedición de este decreto?, ¿tuvo en cuenta que el maíz en Colombia es uno de los reglones más importantes de la producción agrícola nacional?. De acuerdo con FENALCE, Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, en 2018, la producción de maíz ocupó el 13% del área agrícola, con un 60% de pequeños productores, 30% de medianos y un 10 % que se considera grandes productores. El área promedio cultivado en los últimos 10 años ha sido de 224.290 hectáreas, generando 126.000 empleos directos y beneficiando a 390.000 familias dedicadas a este cultivo.
A nivel nacional, los departamentos de Meta, Tolima, Córdoba y Valle del Cauca son los principales productores, con una producción total de 1.247.772 toneladas en 2018.
En el caso Huila, los 37 municipios producen maíz. Según las evaluaciones agropecuarias de la secretaría de agricultura del departamento, durante el mismo 2018, Pitalito, Acevedo, Garzón, La Plata y Campoalegre fueron los municipios con mayores productores, con un total de 9.959 hectáreas cultivadas y 43.525 toneladas producidas. Estas cifras hicieron que en el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural, aprobado en diciembre de 2019 por la Asamblea Departamental, el maíz fuera una de las alternativas productivas priorizadas para ser fortalecidas en el Departamento.
Volviendo al decreto del gobierno nacional, esto parece una prueba de fuego para nuestros pequeños productores que al mejor estilo de García Márquez, puedo decir que esta es la Crónica de una Muerte Anunciada. Pues, dejar de cobrar este arancel a los productos provenientes de Estados Unidos, donde la industria agrícola está subsidiada, es inundar el país de maíz made in USA y acabar con 126.000 empleos directos en el campo colombiano, dejando en la pobreza absoluta a 390.000 familias que hoy se dedican a este cultivo y de las cuales 1200 están en el Huila. ¿Existirá un estudio sobre el impacto de este decreto en las familias campesinas? Se nota que el gobierno actual tampoco está tomando en cuenta el componente histórico y cultural que acompaña a nuestro país el cultivo de maíz, sembrado desde la época de nuestros ancestros muiscas.
Definitivamente Colombia cada vez parece estar más a la deriva, de un lado nos declaramos un país eminentemente agrícola, pero de otro, nos dedicamos a abrir las puertas al producto agropecuario extranjero cerrando todas las posibilidades a la producción nacional y alejándonos cada vez más de ser una de las más grandes despensas agrícolas del mundo.
Pregunto, ¿con qué cara le podrán decir a don Eliecer en Campoalegre, a don Marcos en Pitalito o a don Jesús María en Algeciras, que el trabajo de su vida en el campo terminó? ¿Será con la misma cara con la que le dijeron a campesinos en otros departamentos que se dedicaran a otros cultivos? Vuelvo y pregunto, ¿cultivos de qué, ilicitos? Aquí lo que debemos hacer es proteger a nuestros campesinos, comprando sus productos, que las universidades se dediquen a fortalecer la productividad, a dar valor agregado y entre todos hacerle frente a la política que beneficia a unos pocos, a costa de todo un país que sufre.
