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Al considerar que los exjefes de la otra organización guerrillera y actual partido político no han reparado a las víctimas, se solicitó medida cautelar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre los salarios de los parlamentarios.
Mediante una solicitud de medidas cautelares la Corporación Mil Víctimas, una organización acreditada ante la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, dentro del caso 001 conocido como “retenciones ilegales de personas por parte de las Farc-EP”, solicitó formalmente a ese tribunal embargar los salarios de los congresistas de las Farc.
El requerimiento cobija a los senadores de ese partido, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada, Sandra Ramírez, así como a los representantes a la Cámara, Guillermo Torres, Julián Conrado, Jairo Quintero, Marco Calarcá, Olmedo Ruiz y demás funcionarios públicos que fueron excombatientes en la entonces organización guerrillera.
La petición se fundamenta mediante un memorial radicado por Joan Sebastian Moreno, apoderado judicial de la organización de víctimas debidamente acreditadas dentro del proceso judicial.
Los hechos en los que el jurista fundamenta las medidas son diversos. Afirma que de los 722 bienes que las Farc anunciaron entregarían, sólo se han recuperado ocho y de ellos, siete fueron catalogados como baldíos, es decir, la Nación es la propietaria y no la ex agrupación subversiva convertida en movimiento político por el acuerdo de paz.
Así mismo, asegura que Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, responsable de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, afirmó que los voceros de esa organización advirtieron que 136 inmuebles no serán entregados y que al 14 de mayo pasado, “sólo han facilitado un punto coordenado que corresponde a 196 del total de propiedades”.
En otro de los puntos dice que, aunque el gobierno nacional reconoció que dicha agrupación entregó US$450.000 los cuales fueron monetizados a pesos colombianos en una cifra que ascendió a los $1.442 millones, “el gobierno advierte que la ex guerrilla pasó US$1.500”.
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